TAMBIÉN quiero hacerles llegar, a IZQUIERDA UNIDA, la situación de más de 700.000 trabajador@s temporales (estatutarios, laborales y funcionarios) de todas las Administraciones del Estado y dentro de la CA de Madrid unos 50.000, que nos encontramos contratados EN FRAUDE DE LEY.
Aunque tendrán ésta información, les recuerdo que en marzo de 1999 se firma un ACUERDO a nivel EUROPEO para evitar el USO ABUSIVO DE CONTRATOS TEMPORALES, la Directiva Europea 1999/70CE lo ratifica, obligando a los miembros a aplicarlo antes de junio de 2001. Irresponsablemente el Gobierno Español no toma medidas al respecto, si no todo lo contrario, la contratación temporal aumenta para cubrir necesidades de carácter permanente.
Dada la falta de medidas por parte del Gobierno central, el de las CCAA y Administraciones locales, el número de de trabajador@s en fraude de ley a día de hoy alcanza, en algunas categorías profesionales más del 7O%.
El Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 70.1 establece que el trabajador que ocupe temporalmente un puesto de trabajo más de 3 años se encuentra en una situación laboral fraudulenta.
Sorprende que el Ministerio de Trabajo esté persiguiendo el fraude laboral en la empresa privada y la propia Administración del Estado la propicie.
Ya sabrán que el Sr Recio, Subsecretario de
Trabajo, ha enviado unas 50.000 cartas a empresas privadas para atajar el fraude laboral.
L@s emplead@s public@s nos preguntamos a quién le corresponde perseguir el fraude laboral en la Administración, en la empresa pública?
Dada la situación de temporalidad de la Administración, la UE amenaza a España con una sanción de 100 millones de euros si no se reduce al 8% en 3 años (2017-2019).
Ante esta situación Gobierno y Sindicatos firman un Acuerdo que llaman «Plan de Mejora de Empleo Público», pretenden la estabilización de l@s trabajador@s temporales, pero en realidad es justo lo contrario ya que sustituirá trabajador@s en fraude de ley (algunos con 15, 20 o más años de situación fraudulenta) por trabajador@s nuev@s y por tanto más baratos (aquí también entra en juego una cuestión económica). El sistema selectivo planteado no contempla la SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD que la propia Administración ha creado. No se cumplirá el objetivo de reducción al 8%. Y claro está, en todo esto hay intereses económicos y políticos entre Gobierno y Sindicatos.
LA SOLUCIÓN a éste gran problema y por su carácter de excepcionalidad está en establecer una OPE EXTRAORDINARIA basada en un sistema de selección establecido en el EBEP en su artículo 61.6 «sólo en virtud de Ley podrá aplicarse con carácter de excepcionalidad el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de mérito».
Con ello estaríamos tod@s l@s trabajador@s en fraude de ley incluidos, con independencia de ser estatutario, laboral o funcionario ( porque, si no lo saben hay categorías profesionales que hace más de 10 años que no se han convocado y otras que nunca ha habido convocatoria).
Y después de esta OPE extraordinaria OPEs con la periodicidad que marque la ley (anuales, bianuales, triangulares...) con reposición de plazas amortizada y creación de nuevas plazas.
ÉSTA SOLUCIÓN ES JUSTA, LEGAL Y VIABLE Y SE TRATA DE VOLUNTAD POLÍTICA.
Por todo ello, SOLICITO A IZQUIERDA UNIDA que haga un estudio exhaustivo de la situación de l@s trabajador@s temporales en fraude de ley en las administraciones públicas y en su batería de preguntas en el Congreso de los Diputados, no sólo planteen la situación del profesorado interino.
Atentamente un@ trabajador@r temporal en fraude de ley que trabaja en la empresa pública, es decir, en la Administración.