Tras leer y oír en diferentes medios de comunicación que el gobierno comenzará a enviar cartas de aviso a empresas que están cometiendo irregularidades con los horarios así como la realización de contratos en fraude con sus trabajadores. He tomado la decisión de ponerme en contacto con ustedes para plantearles la siguiente cuestión:
Qué ocurriría si una importante empresa de este país tuviera contratados en FRAUDE DE LEY según estimación a unos 700.000 trabajadores en toda España muchos de ellos desde hace 20 años.
Pues bien esa empresa es LA ADMINISTRACIÓN MEJOR DICHO LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, la general, las autonómicas, ayuntamientos, ect.
Como han podido observar trabajo para la administración pública soy interino de 56 años de edad, lo que equivale a una persona no reconocida como fija en la empresa, que puede ser despedida sin ninguna indemnización. Actualmente tengo reconocido en nómina cuatro trienios, pero continuo con un contrato en precario.
Esto es así porque mi empresa no ha subsanado la irregularidad que supone que un trabajador ocupe una plaza de interino más allá de tres años seguidos. Tal y como establecen nuestros estatutos reguladores (Estatuto Marco para los trabajadores interinos y Estatuto General de los Trabajadores para los empleados laborales) una plaza que es necesaria en el tiempo (nueva creación) o que estando creada y su ocupante, funcionario fijo, ha cesado debe ser sacada a concurso en plazo máximo de tres años. Pues bien alegando problemas por la crisis las administraciones no ha convocado oposiciones en los últimos años, o si las han convocado han sido un número tan pequeño que la mayoría de nosotros habiendo aprobado no han podido acceder a ninguna plaza.
Casos como el mío se repiten a lo largo de todas la administraciones en el caso de muchos compañeros llevan 10, 15 y hasta 20 años como interinos, suplentes o eventuales.
Considero que esta situación es equiparable al fraude de ley realizado por cualquier empresa privada que abusa de sus trabajadores eventuales con varios años de antigüedad sin facilitarles la posibilidad de acceder a un contrato indefinido o sin darle estabilidad a su puesto alegando problemas por la crisis.
Tras el acuerdo alcanzado en 2017 por el anterior gobierno y siendo ratificado por el gobierno actual, se subsanar el problema mediante la convocatoria de una OPE INMENSA pues todos estos puestos pasarían a ser legales y además cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y de paso rejuvenecer una plantilla ya envejecida y caduca. Pero:
¿Qué inspector de trabajo será enviado a nuestra empresa para valorar en que situación se encuentran esos 700.000 trabajadores?
¿Quién defenderá a esos trabajadores en el caso de no superar la OPE? . Muchos de nosotros superamos los 45, 50 e incluso los 60 años de edad y podemos quedar en una situación de exclusión laboral por nuestra edad.
¿Quién demostrará que lo que se está ofreciendo como la mayor oferta e empleo público para reparar los daños recibidos durante la crisis, no es otra cosa que un intercambio de personal (al menos en un número importante de plazas, ya que muchas de ellas ya están ocupada no creando empleo nuevo ) para intentar rejuvenecer la plantilla?
Gracias por atender mi carta y mi única intención es la misma publicidad a esto a tenor de la lucha que está realizando el gobierno contra el fraude de ley en las empresas.
PILAR P.
Es la autora de esta carta.