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La Unión Europa ha reprochado a España el abuso de la temporalidad que realiza en el empleo público. Se calcula que en la Administración unas 700.000 personas tienen un contrato temporal -uno de cada tres en sanidad- que se mantiene durante años e incluso décadas. Nunca se han convertido en fijos ni tenido oportunidades para ello. Además, son precarios; no tienen indemnización por despido, sufren despidos por recortes, ni tienen destino fijo (eres sancionado en listas si no aceptas destino).
Esta situación, que han denunciado muchos y muchas temporales interinos, ha sido resuelta por los jueces como fraude de ley. La solución que pactó el Estado y algunos sindicatos es la reducción de la temporalidad de estas plazas hasta el 8%. De esta forma se están convocando ofertas de empleo masivas donde no se genera empleo, si no que se ofertan las plazas en las que llevan trabajando estos interinos en fraude de ley durante décadas. Es decir, se consolidan las plazas, pero no las personas, en contra del criterio de la Unión Europea.
Para todos estos trabajadores y trabajadoras, que ya deberían ser fijos después de tantos años dedicados al servicio público, este sistema eliminatorio en el que sus años trabajados, si llegan a puntuar lo hacen muy poco, supondrá irse al paro y además, sin indemnización, lo que desde las plataformas definimos como un ERE encubierto.
Trabajadores y trabajadoras que ya han demostrado sobradamente su capacidad y conocimientos durante 5, 10, 20 años..., por edad y la situación natural después de tantos años de vida profesional, no pueden afrontar con fiabilidad un proceso al que no deberían enfrentarse, en el que se juegan su puesto de trabajo, siendo sometidos a una situación de estrés e incertidumbre con la que es sencillo empatizar.
Este hecho es responsabilidad de la Administración que durante años no ha convocado plazas o lo ha hecho con tasas irrisorias por los recortes presupuestarios, manteniendo y agravando el problema aún más cada año y socavando las plantillas y la calidad de los servicios públicos.
La Administración dispone de una vía justa, legal y real de solventar este problema: El concurso extraordinario de méritos de los artículos 61.6 y 61.7 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El requisito es que esta Ley sea aprobada en el parlamento autonómico.
En la Asamblea de Madrid, se va a votar esta misma Ley para la sanidad madrileña el día 7 de Febrero, en la Junta de Extremadura la oposición ha mostrado conformidad a su aplicación y en Canarias ya se va a aplicar a interinos mayores de 50 años.
Es una solución real y viable, que necesita del trámite legislativo, una vía que todos nosotros y nosotras podemos apoyar e impulsar.
Desde esta plataforma junto con otras asociaciones, sindicatos y personas individuales, iniciamos esta campaña de recogida de fondos "crowdfunding" para costear la redacción de esta Ley, tal y como se hizo para la sanidad madrileña, que será encargada a un bufete de abogados y cuyo presupuesto es de 3.630 €.
Animamos a todas aquellas, asociaciones, personas y organizaciones a sumarse a este movimiento y colaborar en:
Una vez redactada durante este mes de Febrero, será entregada al grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha, que se comprometió en una reunión con esta misma plataforma el 10 de Diciembre de 2018 a presentarla en las Cortes de Castilla-La Mancha e iniciar así la vía legislativa de manera inmediata, como se está siguiendo en otras Comunidades Autónomas.
Esta vía de estabilización de empleo es justa y no supone mayor coste al estado. De hecho, ahorrará millones en juicios e indemnizaciones y evitará el mayor coste de todos, la expulsión de personal muy formado y experimentado de los servicios públicos.
El personal temporal en fraude de ley está defendiendo el pan de sus familias e insta a la Administración a terminar así de forma real y efectiva con el abuso de la temporalidad y a proveer de forma correcta las plantillas de las administraciones, para que esta situación no se vuelva a repetir, mejorando de esta forma los servicios públicos y la generación de empleo digno y estable, sin que nadie tenga que irse al paro.
